Mis hijos Javier e Irene están diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) y luchamos para que puedan tener una vida normal y completamente autónoma a medida que se van haciendo mayores. Es posible gracias a terapias auditivas, de lenguaje y reeducación pedagógica, unas terapias que son una inversión en su futuro pero que tenemos que afrontar de nuestro bolsillo. De media, y dependiendo de cada caso, estas terapias cuestan más de 6.000 euros al año. No todos nos lo podemos permitir o tenemos que renunciar a otros gastos para invertir en esta prioridad para mis hijos. 

El Estado contempla estas situaciones y ofrece becas y ayudas para personas en nuestra situación, pero en nuestro caso llevamos luchando desde el curso 2017/2018 para que nos otorguen a una beca del Ministerio de Educación y hasta el momento sólo hemos recibido negativas. Se trata de la beca NEAE (Necesidades Educativas Especiales) y el principal requisito para acceder a ellas es que los beneficiarios acrediten tener una discapacidad o un trastorno que les otorgue el derecho a acceder a esta ayuda económica, cuyos recursos son para INVERTIR en el futuro, la educación y el desarrollo de nuestros hijos. 

La injusticia que venimos sufriendo llega por culpa del baremo económico establecido para otorgar estas ayudas. Al ser autónomos y tener un estanco, se fijan en nuestra facturación para denegarnos esta ayuda que necesitamos. Los ingresos mensuales reales que llegan a mi bolsillo mensualmente están muy por debajo de la cifra de facturación del estanco, como es lógico. Por explicarlo de otra manera, es discriminatorio que se tome como referencia los ingresos brutos, que no son los mismos que los ingresos netos, tras descontarse impuestos, pago de local, proveedores…. Esta es nuestra situación, pero es también la de muchas otras familias que no pueden costearse terapias privadas para el desarrollo cognitivo o la educación adaptada de sus hijos. 

Llevamos años luchando y hasta el Defensor del Pueblo nos ha dado la razón, esta situación es discriminatoria para muchos y es urgente seguir reclamando que cambie: no es sólo por el futuro de mis hijos, es por el de todos los que no puedan permitirse estas terapias o tengan que endeudarse para pagarlas. El Estado no puede dejarnos desamparados.

También hemos acudido a la vía judicial pero no nos han dado la razón. Esperábamos que los magistrados entendieran la injusticia de la situación y no que se limitaran a constatar los requisitos económicos.

Además, el decreto 1721/2007 que regula el régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas es anterior al Convenio de los derechos con las personas con discapacidad de la ONU. Este convenio ha sido suscrito por España pero si no se actualiza este decreto esta injusticia que estamos denunciando seguirá afectando a miles de familias que solo queremos lo mejor para el futuro de nuestros hijos. 

Por todo esto ponemos en marcha esta petición que queremos hacer llegar al Ministerio de Educación y a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Es urgente que estas situaciones tengan solución cuanto antes. Ayúdanos a ser escuchados firmando y compartiendo esta petición, sólo necesitamos 1.500 firmas.